El estudio de la Fundación BBVA es sobradamente conocido ya por todos; resulta que se confirma que Cataluña es una de las comunidades autónomas que más aportan a las arcas del estado, algo que llevan haciendo los últimos quince años; pero no es menos cierto que lo mismo ocurre con Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. De hecho los madrileños aportan el doble que Cataluña y el déficit fiscal catalán, una de esas palabras que forman parte del lenguaje común del nacionalista payés, está en la mitad del madrileño (10,2% en Madrid y 5,2% en Cataluña). Esto viene a decir que cada catalán aporta al estado a través de los impuestos 6.849 euros, de los que el estado le devuelve en forma de servicios 5.359 euros, lo que significa que le “regala” al estado un total de 1.490, en principio destinados a intereses muy ajenos a un labrador del Ampurdán o un funcionario de Gerona, por ejemplo la autovía del cantábrico, que actualmente está terminando de vertebrar Asturias. La situación para un madrileño es aún peor, pues la cantidad que viene a aportar a las arcas públicas a “fondo perdido” es de 2.077 euros, lo que hace que los servicios que el estado le presta a cambio de su contribución tengan un coste máximo. Por la contra, en comunidades como Andalucía o Extremadura esta realidad se invierte, convirtiéndose sus ciudadanos en lugar de en “donantes solidarios”, en agradecidos receptores de fondos públicos. Resulta sangrante, como siempre, el caso de País Vasco o Navarra que, pese a ser comunidades en las que el PIB está por encima de la media nacional, sus ciudadanos también son merecedores de gravar negativamente las arcas públicas.
Con todo esto, los profesores Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, ambos catedráticos de economía, han abierto la caja de los truenos; y no me refiero a que, como consecuencia de la catarsis de los números y las balanzas, los españoles vayamos a, por fin, entrar en razón. No va a ocurrir que los catalanes alumbrados pos la “realidad” abandonarán sus exigencias, o los vascos renegociarán los acuerdos sobre la financiación en pro de la solidaridad; que va. Contra todas las posibles conclusiones, se avecina tormenta, es decir, una avalancha de estudios que, desde ópticas y criterios dispares, no nos ayuden aclarar posturas, sino más bien a enquistarlas. Esquerra ya ha avisado: están preparando su propia versión de dichas balanzas para diciembre, y con toda seguridad las conclusiones del nuevo estudio serán dramáticamente diferentes, lo que no le va a sorprender a nadie; también la Generalidad de Cataluña publicará su propio “ensayo” a finales de año; y según dicen, aquí los madrileños contarán con un superávit frente a los catalanes, apostados desde hace años en el déficit.
El resultado de toda esta tormenta de estudios será, probablemente, la muerte de los mensajeros: para unos el estudio del BBVA, capcioso y politizado, no responderá sino a los intereses políticos de la derecha, empeñada en derribar al demonio zapatista y hacerles crecer el rabo y los cuernos a los insolidarios nacionalistas; para otros, los datos de Esquerra o de la Generalidad serán claramente ideológicos y sus conclusiones falseadoras. Finalmente, tras la marea de números, éstos resultarán irrelevantes, primando frente a cualquier otra consideración, la voluntad y la ideología y afianzándose sólo una cuestión en todas las mentes: la mala fe del contrincante. Y lo peor de todo es que, seguramente, todos tengan razón.
Ya se empiezan a escuchar críticas procedimentales: al análisis del BBVA se le achaca que saca fuera de las inversiones en la Comunidad de Madrid los llamados “gastos de capitalidad” o, al menos, no los cuenta todos. Por ejemplo, respecto al museo del Prado, en el centro de Madrid, el estado ha invertido una cantidad considerable de euros en su ampliación y gasta anualmente una buena partida presupuestaria en distintas actividades y en su mantenimiento. El estudio de los catedráticos considera que sólo una parte de este dinero puede tenerse en cuenta como inversión en la Comunidad, pero que la mayor parte debe ser considerada como un gasto “estatal” y, por tanto, dividida entre todas las comunidades. Esto no sólo pasa con el Museo del Prado, como se puede uno imaginar, sino con prácticamente todos los organismos públicos del estado y, supongo, que también con el aeropuerto, las infraestructuras en telecomunicaciones, transporte… etc.
Es más que claro que los próximos estudios venidos de las tierras allende el Ebro tendrán en cuenta este tipo de cuestiones y, considerarán que la inversión que se hace en la Comunidad de Madrid, por razón a su capitalidad, es mucho mayor de lo que se considera en la investigación recientemente publicada. Y en cierta forma tendrán razón; es verdad que el aeropuerto de Barajas o el museo del Prado no son cuestiones estrictamente “madrileñas”, pero también lo es que estas infraestructuras o servicios inciden primariamente sobre la Comunidad de Madrid y, secundariamente sobre el resto del estado. Si el Museo del Prado, seguramente uno de los más importantes reclamos turísticos de nuestro país, o la T4, principal puerta de entrada internacional en España, estuvieran en Barcelona, seguirían siendo “cuestiones de estado”, pero resultarían un motor económico de primer orden para Cataluña.
Estos estudios están por tanto lejos de la objetividad científica ya que dependen de posturas demasiado arbitrarias: decidir en qué saco meto cada euro. Respecto de algunos billetes, unos y otros lo tendrán bastante claro, por ejemplo, lo que se gasta la Generalidad catalana en el fomento del catalán parece que, razonablemente, no se le puede atribuir a un ciudadano de La Rioja. Pero respecto de otras cantidades la duda implica el error necesario en cualquiera de los casos.
El problema del estudio de la Fundación BBVA y, por descontado, de los que le seguirán, no es, efectivamente, su carácter ideológico, sino los mismos términos en los que se realizan este tipo de análisis y, sobre todo, su función práctica. En primer lugar, para siquiera plantear tal investigación, es necesario situarse en una realidad ficticia, la de que las comunidades autónomas pueden ser tenidas en cuenta como “mini-estados” que establecen relaciones económicas entre sí, a través de un organismo que se ocupa de distribuir el dinero recaudado entre todos: el estado central. Esto lo llevan haciendo los nacionalistas durante los últimos veinticinco años y, a fuerza de repetición, ha calado en el lenguaje y, por lo que se ve, en los estudios universitarios. Pero, evidentemente, es una situación del todo ilusoria y, por este carácter, cualquier intento de precisión desde esta óptica no puede ser considerado mucho más que “literatura política”.
La realidad es que, pese a los intentos más o menos capciosos de la propaganda autonómica, hoy por hoy, sólo hay un estado en este país y, tanto el dinero que gasta la Generalidad catalana en TV3 como la Junta de Extremadura en pagar ordenadores, o el gobierno central en llevar el AVE a Cataluña, si es que algún día llega, es dinero que gasta el estado español en ofrecer servicios a sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos. El Ave a Cataluña no es algo que interese sólo a los catalanes, sino que nos interesa a todos, igual que la autovía del cantábrico, el Museo del Prado, las escuelas en Tarragona y Benidorm, o un aeropuerto más competitivo en el Prat.
No se trata, por tanto, de exigir solidaridad a las comunidades ricas frente a las pobres, sino de darse cuenta de que las carencias de Extremadura, lo son también de Cataluña o Madrid. Actuar como si fuésemos un agregado de miniestados puede estar bien para la retórica política autonómica, pero a la hora de analizar la situación económica en virtud de una mejora, resulta del todo inútil y sólo sirve para refrescar discursos vacuos (aunque rentables en cuanto a votos).
Por eso, dudo mucho que estudios como el que acaba de publicar el BBVA tengan alguna función práctica; más bien al contrario. Al plantear las cuentas desde la óptica de las distintas cajas autonómicas, hacen que los ciudadanos entiendan el estado al modo de las hinchadas futboleras; lo que lleva a que algunos catalanes, con cierta razón, estén permanentemente enfadados con el árbitro y algunos madrileños, también justificados, vivan con satisfacción los socavones del AVE al paso por Manresa, o el colapso del Prat cada primero de agosto.
Los próximos estudios ahondarán en esta situación; y si seguimos con cuestiones de este tipo, finalmente, tendremos que ponernos las camisetas de nuestra hinchada y me da que no van a ser de colores muy vistosos.
Espero que algunos no se pasen tirando bengalas en el campo.
